La producción y el consumo de alimentos —y por ende su comercio internacional— se enfrentan a una creciente demanda en términos de volumen y calidad. Su vínculo con el desarrollo sostenible, la pobreza, la nutrición y los impactos ambientales mantiene al sector en el centro de numerosas políticas nacionales y mundiales. En ese contexto, la cadena de valor alimentaria (que incluye actores en distintos países) está incorporando nuevas prácticas que pretenden integrar todas estas dimensiones. A la inocuidad se han sumado una serie de atributos relacionados con el cultivo, procesamiento y comercialización de los alimentos, en un esquema de corresponsabilidad. Uno de ellos es la sostenibilidad ambiental. Para América Latina y el Caribe, una región exportadora neta de alimentos, la incorporación de la sostenibilidad ambiental se ha dado formalmente a través de la normativa que cada país se ha impuesto. A esto se suma la utilización de una serie de herramientas internacionales que se incorporaron inicialmente a petición de sus compradores, principalmente en países europeos. De hecho, suelen ser los sectores exportadores los que han desarrollado primero, y por un espacio de tiempo más largo, iniciativas en torno a la sostenibilidad ambiental. Aspectos como el cambio climático, la biodiversidad, el uso del agua, la seguridad alimentaria e incluso las dietas, están muy ligados. Esta situación queda en evidencia tanto en las demandas por información procedentes de los mercados, como en las prácticas de sostenibilidad que han ido incorporando los productores de los casos aquí revisados.

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