El agro en Colombia frente a los TLC

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Trade
Topic: 
Globalization - Trade

Sólo la innovación y la resolución del conflicto entre vocación y uso de la tierra le permitirán a Colombia desarrollar su agricultura de manera competitiva

Agro Colombiano 

El escenario óptimo para avanzar en una genuina liberalización del comercio global sería aquel en el que fuera posible hacer valer los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional que consagra la Constitución: el de las negociaciones multilaterales.

De ahí las expectativas que generó la ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC), reunida a partir de noviembre de 2001, cuyos 146 países miembros anunciaron que: “...nos comprometemos a celebrar negociaciones encaminadas a lograr: mejoras sustanciales del acceso a los mercados; reducciones de todas las formas de subvenciones a la exportación, con miras a su remoción progresiva; y reducciones sustanciales de la ayuda interna causante de distorsión del comercio...

Sin embargo, sus resultados han sido frustrantes. A pesar de avances en la reducción de algunas formas de subvención a las exportaciones, han sido virtualmente nulos los progresos en la liberalización del comercio agrícola por parte de Estados Unidos, Europa y Japón. Al punto de no haber quedado otra salida que la de los acuerdos bilaterales – que no son otra cosa que pactos de índole mercantil y alcance limitado -. Y, lo que en Colombia fue el más importante argumento de cara al mercado norteamericano: convertir en permanentes las concesiones contempladas en la Ley Andina de Preferencias Arancelarias y Erradicación de la Droga (ATPDEA, por su sigla en inglés), cuya vigencia se habría extinguido en 2006.

El más importante tratado ha sido el pactado con Estados Unidos. Su negociación arrancó en mayo de 2004, y fue aprobado por el congreso norteamericano siete años después, a pesar de que su texto se hallaba definido desde febrero de 2006.

De los tres pilares tradicionales – libre acceso a los mercados, eliminación de los subsidios a las exportaciones, supresión de las ayudas internas a los agricultores -, sólo con respecto a los dos primeros era posible alcanzar acuerdos, según la condición impuesta por la ley conocida como Trade Promotion Authority del país del norte. De ahí el reclamo del Ministerio de Agricultura de mantener medidas de protección en frontera equivalentes. El Sistema de Franjas de Precios era la herramienta que cumplía con este objetivo. Pero no se mantuvo, ni fue sustituido por un instrumento equivalente. He aquí la fuente de la vulnerabilidad a la que quedó expuesta la agricultura.

En cuanto al tratado con la Unión Europea, el rubro de frutas y hortalizas resultó ganador, sujeto a la concreción de la admisibilidad sanitaria. Y el perdedor fue el lácteo, cuyo mercado local representaba el mayor atractivo para los europeos.

Ahora bien, la conformación del Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) entre Estados Unidos y la Unión Europea, anunciado oficialmente en febrero de 2013, podría desvalorizar los impactos de nuestros TLC. Pero también podría fortalecer la viabilidad del sistema de comercio multilateral en caso de que sus reglas fueran finalmente adoptadas por la comunidad internacional representada en la OMC.

De otro lado, el mundo marcha hacia unas realidades que desbordarán los restringidos espacios de los pactos bilaterales. Desde el término del anterior milenio se ha producido un punto de inflexión en la evolución de los precios de los alimentos. El ciclo declinante de aquellos, que predominó durante el siglo veinte, se agotó. En adelante, aunque con pausas y volatilidades, enfrentaremos una tendencia hacia su carestía. Cabe señalar sus principales causas:

• El notable crecimiento de los mercados emergentes, comenzando por China e India.
• El cambio climático, materializado en la reducción de la frontera cultivable debido a la elevación del nivel del mar por el derretimiento de los casquetes polares y el deterioro de las ‘fábricas’ de agua que son los glaciares (Perú y Bolivia), y los páramos (Colombia); el menoscabo de los acuíferos y los suelos reflejado en la caída de los niveles freáticos, la erosión y la desertización; la pérdida de ecosistemas y biodiversidad; y la alteración de patrones climáticos y de lluvias, como los monzones, La Niña y El Niño.
• La política energética de Estados Unidos sobre la producción de biotenaol a partir de maíz, sustentada en enormes subsidios, a pesar de sus dudosos réditos en materia ambiental. Similares esquemas se aplican en la Unión Europea, en especial para la producción de biodiesel a partir de oleaginosas. Como resultado, en Estados Unidos 40 por ciento del área cultivada en maíz se ha desviado hacia la elaboración de bioetanol, y en Europa la mitad de la cultivada en colza hacia el biodiesel.

Según la OCDE y la FAO, tras la recuperación de la economía global volverán las presiones inflacionarias, principalmente por la demanda de proteína animal y biocombustibles, cuyos precios corren parejos con los del petróleo. En diez años la producción de biocombustibles estará absorbiendo 29 por ciento de la producción global de caña de azúcar, 15 por ciento de la de aceites vegetales y 12 por ciento de la de granos. De otra parte, habrá una población adicional de 752 millones.

A fin de satisfacer la demanda por comida en 2050, la producción tendría que aumentar 60 por ciento. Para lograrlo, se precisaría agregarles a las 1.500 millones de hectáreas hoy cultivadas otras 900.000. Sin embargo, sólo se podrá contar con 70 millones cultivables. El resto tendrá que provenir de saltos en productividad, como ocurrió durante el último medio siglo.

La mayor parte de esas tierras se halla en América Latina y África. Sin embargo, su viabilidad dependerá de la disponibilidad de agua; del cambio de uso de los suelos que se hallan ociosos o subutilizados bajo ganadería extensiva; y de la adopción de biotecnología para obtener variedades resistentes a la sequía y tolerantes a la salinidad y la acidez de los suelos.

La totalidad de los subsidios al agro debería circunscribirse a la innovación biotecnológica, la agricultura controlada y de precisión, y la promoción de formas asociativas de los productores que permitan su integración vertical con procesos de agregación de valor y comercialización.

Adicionalmente, hay que resolver el conflicto entre uso y vocación de los suelos, y atacar el primer obstáculo para la competitividad del agro: el costo de la tierra. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el 19 por ciento del territorio goza de aptitud agroecológica para la producción, pero apenas se utiliza el 4 por ciento.

El camino es el impuesto predial. Cuando acumular tierra no cuesta, su precio se torna insoportable. Por tanto, hay que inducir, mediante ese mecanismo, la creación de mercados y la reducción de los precios de aquellas tierras que, siendo aptas, se hallan ociosas o subutilizadas. El propósito: ampliar la frontera agrícola.

Finalmente, se deben sustituir las exenciones y exclusiones sobre el impuesto predial rural por créditos tributarios originados exclusivamente en inversiones que sus propietarios ejecuten en los siguientes objetivos de desarrollo sostenible:

• La regeneración asistida del bosque natural
• La deforestación evitada
• La conservación de bosques en pie
• La reforestación y la forestación nueva
• La conservación, regeneración y aprovechamiento de la biodiversidad
• La restauración y el cuidado de cuencas y páramos
• La conversión de sistemas de ganadería extensiva en explotaciones silvo-pastoriles

Tales son los elementos clave para ocupar los espacios que se están abriendo en el comercio internacional de alimentos. Se trata de una realidad que desbordará la vida útil de los TLC. 

 

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