Hace ya algunos años que estoy trabajando en el tema del impacto económico de los desastres naturales. Mientras más investigo sobre el tema, más me sorprendo de lo poco que los economistas prestamos atención a un tema que es central para el desarrollo económico. Se calcula, por ejemplo, que el 99% de la mortalidad asociada a desastres naturales ocurre en países en vías de desarrollo. Además, eventos como el terremoto en Haití de 2010, pueden causar daños al stock de capital equivalentes a más del 100% del Producto Bruto Interno. Y el impacto indirecto de desastres naturales –o sea, la producción económica que se pierde tras un desastre—tiende a ser más grande y persistente en los países más pobres que tienen menor capacidad de absorción.

Hace un tiempo con Rita Funaro publicamos un boletín de IDEA, que resume de manera no técnica las principales conclusiones de varios trabajos de investigación sobre el impacto económico de desastres naturales que hemos llevado adelante a lo largo de los años en el BID (ver IDEA No 22 2010). Recomiendo su lectura a quienes les interese tener un pantallazo sobre el tema.

En esta entrada me quiero referir a un tema puntual: el de los flujos de ayuda internacional en las postrimerías de los desastres naturales, pues creo que tiene implicancias destacables sobre cómo deben prepararse los países. La economía política del manejo de desastres naturales es compleja. Algo que lo países pueden hacer para reducir la vulnerabilidad es reducir la exposición a los riesgos. Esto se puede hacer de varias maneras: por ejemplo, invirtiendo recursos en mitigación de riesgos; reformulando y aplicando códigos de construcción más estrictos; desarrollando mecanismos de seguros y planes de contingencia para la atención de emergencias relacionadas con desastres naturales. Sin embargo los incentivos políticos atentan contra este tipo de acciones preventivas. Esto es así porque los gobiernos y los dirigentes políticos rara vez son recompensados por decisiones que ayudan a evitar desastres. En cambio el asistencialismo después del desastre generalmente es popular. Además, las iniciativas de atenuación previas a un desastre compiten por recursos con otras necesidades, lo cual disminuye aún más los incentivos a implementarlas, sobre todo en países pobres donde los recursos son siempre muy escasos.

Un factor que puede incidir en los incentivos políticos a invertir poco en mitigación es la expectativa de que, si llega a ocurrir un desastre natural, habrá ayuda externa para atenderlo. ¿Pero es correcta tal expectativa? En un trabajo reciente con Oscar Becerra e Ilan Noy exploramos esta pregunta. Utilizando datos de ayuda internacional (desembolsos efectivos) compilados por la OECD, y una metodología de estudio de casos, encontramos los siguientes resultados a nivel global: 

• Después de un desastre natural de cierta magnitud, la mediana de los flujos de ayuda internacional aumenta 18% en comparación a los flujos pre-desastre (ver el gráfico).

• Sin embargo este aumento relativo refleja más la escasez de los flujos de ayuda pre-desastre, que un gran aumento en el volumen de los flujos: el incremento en los flujos de ayuda internacional representa apenas el 0,14% del PIB del país receptor, y cubre sólo aproximadamente 3% del total de daños estimados. O sea, casi nada!

En el paper también hacemos un análisis empírico sobre los determinantes de los montos de ayuda internacional post-desastres. Sin embargo, quiero sólo enfatizar los resultados sobre las magnitudes relativas de los flujos de ayuda porque arrojan luz sobre un punto que es clave para los hacedores de política: lisa y llanamente, la evidencia sugiere que no es justificada la expectativa de los políticos o los gobiernos sobre la ayuda internacional que puede conseguirse cuando ocurre un desastre. Por desgracia, esa expectativa es alimentada por las promesas de ayuda que muchas veces hacen los donantes en respuesta a situaciones dramáticas que conmueven a la opinión pública, promesas que resultan infladas por la inclusión de flujos de financiamiento que de todas formas habrían ocurrido.

Resulta imperioso por tanto trabajar en el desarrollo de políticas públicas para mitigar los riesgos –venciendo los obstáculos políticos arriba mencionados—. En esto, la comunidad internacional tiene un rol que jugar más allá de los flujos de ayuda. El principal objetivo de los donantes debería ser ayudar a establecer sistemas de prevención de riesgos. Esto se puede hacer a través de los mecanismos de condicionalidad en los flujos de financiamiento que ayuden a alinear los incentivos, y evitando comportamientos oportunistas cuando ocurren los desastres.

*Los puntos de vista aquí expresados corresponden a su autor y no necesariamente representan los puntos de vista ni la política del BID.