El Programa de Transferencias Condicionadas (PTC) Colombiano, Familias en Acción, se considera hoy en día como una política de Estado. Esto implica que el programa debe dar una cobertura universal para los hogares económicamente vulnerables (definidos por los puntos de corte de elegibilidad establecidos por el Departamento de Prosperidad Social) y con niños menores de 18 años. Las madres con niños entre 0 y 7 años reciben un subsidio de nutrición, y las madres con niños entre 7 y 17 años y que asistan al menos al 80% de las clases reciben un subsidio de educación. Ante la magnitud y cobertura del programa resulta muy relevante el mejor entendimiento de los efectos directos e indirectos que ha tenido el programa durante la última década de funcionamiento.

Recientemente la Universidad de los Andes publicó la Nota de Política titulada “Familias en Acción: un programa con alcances adicionales a la formación de capital humano”²  donde se recopilan trabajos académicos que evalúan cómo las transferencias condicionadas en Colombia han generado cambios de comportamiento de los beneficiarios del programa, instituciones oferentes y políticos, entre otros actores. La nota estudia efectos sobre participación electoral, oferta educativa, empoderamiento de la mujer, embarazo adolecente, bancarización, entre otros. Aun cuando se menciona el tema de posibles efectos sobre la tasa de crimen, esta nota no detalla los estudios al respecto. Para Latinoamérica se conocen dos trabajos sobre este tema, uno para el caso de Brasil por Chioda, De Mello y Soares (2011) y otro para el caso de Colombia de Camacho y Mejía (2013). Estos dos trabajos utilizan estrategias de identificación que logran resolver el problema de doble causalidad y endogenidad que existe entre el crimen y la pobreza (la cual está relacionada con ser beneficiario de un PTC).

Chioda et ál. (2011) estudia el impacto de la expansión del programa Bolsa Familia para adolecentes de 16 y 17 años sobre el crimen en São Paulo. El estudio encuentra un efecto negativo y significativo de esta intervención sobre los robos en la ciudad. La evidencia del documento sugiere que el canal que funciona en este caso es un efecto ingreso y no corresponde al efecto de incapacitación dado por la condicionalidad que impone el programa de asistencia al establecimiento educativo. Por otra parte Camacho y Mejía (2013) estudia los efectos que tiene el programa Familias en Acción sobre los niveles de criminalidad en el área urbana de la ciudad de Bogotá. Se utiliza la ciudad de Bogotá dada la disponibilidad de información geo-referenciada a nivel de manzana para los crímenes reportados por la Policía Nacional. A esta detallada fuente de información se une el sistema de Información de beneficiarios de Familias en Acción-SIFA, lo cual permite conocer la densidad de beneficiarios en las diferentes zonas de la ciudad.

El estudio de Camacho y Mejía (2013) plantea dos posibles canales por los cuales el programa reduce el crimen. El primer canal corresponde al efecto ingreso, por medio del cual los PTC pueden afectar el crimen a través del aumento exógeno en el ingreso, el cual relaja la restricción presupuestal que enfrentan los hogares al recibir la transferencia del programa. Dado dicho choque positivo temporal de ingreso, es posible pensar que la necesidad de participar en actividades delictivas para financiar gastos del hogar disminuye. En este primer canal, se explota la variación en las fechas de pago de la transferencia dada la proporción de beneficiarios que reciben los pagos en una determinada UPZ³. Específicamente se encuentra que cuando se aumenta en 10% la proporción de beneficiarios que reciben pagos de FA, se reduce en 7,1% la tasa de hurto a personas y en 1,3% de la tasa de hurto de carros. Por otra parte, el trabajo hace ejercicios de falsificación donde trata de medir el efecto ingreso sobre lesiones y homicidios en accidentes de tránsito, para los cuales no se encuentra una relación con el día de pago de la transferencia. Adicionalmente, el documento estima los efectos de los pagos sobre el crimen cometido en UPZ ricas, encontrando que un aumento en el 10% de los hogares beneficiarios que reciben la transferencia reduce entre 7.1 y 12% el hurto a vivienda en UPZ ricas cercanas.

El segundo canal corresponde al efecto incapacitación que se presenta cuando los niños y adolescentes se encuentran en los establecimientos educativos, incapacitándolos de involucrarse en actividades ilegales. En este trabajo, se mide el efecto de no incapacitación que se presenta en los periodos de vacaciones en donde los beneficiarios se encuentran por fuera de clase y pueden verse involucrados en actividades delictivas. Este canal utiliza la variación entre periodos de vacaciones y la proporción de beneficiarios en cada UPZ para identificar el efecto. Los resultados muestran que el programa no tiene efectos sobre el crimen a través del efecto incapacitación ya que se encuentra que la proporción de beneficiarios no tiene efectos significativos sobre las tasas de crimen en épocas de vacaciones.

Dada la evidencia presentada en los dos trabajos mencionados, resulta muy relevante para plantear estrategias encaminadas no sólo a reducir la pobreza y la marginalidad sino también los posibles incentivos que tienen los hogares a participar en actividades delictivas.

* Profesora asociada, Facultad de Economía, Universidad de los Andes. Información de contacto: adcamach@uniandes.edu.co.

1. Agradecemos financiación y publicación del Docuemento de Trabajo por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. http://www.iadb.org/en/publications/publication-detail,7101.html?id=68689

2. Nota de Politica No.12 de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo y CEDE-Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.

3. Las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) son zonas urbanas más pequeñas que una localidad pero de mayor tamaño que un barrio. Bogotá cuenta con 117 UPZ incluido Sumapaz.

Referencias:

Chioda, Laura; de Mello, João M. P. y Soares, Rodrigo R., (2012). "Spillovers from Conditional Cash Transfer Programs: Bolsa Família and Crime in Urban Brazil," IZA Discussion Papers 6371, Institute for the Study of Labor (IZA).

Camacho, Adriana y Mejía, Daniel. (201) “Las externalidades de los programas de transferencias condicionadas sobre el crimen: El caso de Familias en Acción en Bogotá” IDB-WP-406. http://www.iadb.org/en/publications/publication-detail,7101.html?id=68689

Camacho, Adriana. (2012) “Familias en Acción: un programa con alcances adicionales a la formación de capital humano” Nota de Política No.12 de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo y CEDE-Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.