Este post apareció originalmente en International Policy Centre for Inclusive Growth One Pager Nr. 501, el 8 de Abril del 2022.

Conjuntamente con la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO-RLC), el Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG) publicó tres informes de políticas sobre las lecciones aprendidas de la respuesta de protección social a la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe (ALC) con el objetivo de reconstruir mejores sistemas de protección social para las poblaciones rurales.

El tercer informe de políticas de la serie identifica las buenas prácticas en el uso de las innovaciones digitales con el fin de apoyar la inclusión social y económica de las poblaciones rurales durante la pandemia y en el futuro. Para esta evaluación se llevaron a cabo entrevistas con las partes interesadas de tres programas seleccionados como buenas prácticas en la región.

La pandemia de COVID-19 y las medidas de distanciamiento social colocaron la digitalización de la protección social en el centro de la escena. Sin embargo, las brechas en el acceso a la tecnología de la información y la comunicación (TIC) pueden excluir a las comunidades rurales de la protección social digitalizada. Las tecnologías digitales fueron utilizadas para el registro de los beneficiarios y para la entrega de los beneficios, pero sólo uno de los 45 programas implementados o adaptados durante la pandemia, dirigidos explícitamente a las comunidades rurales de ALC, usaron TIC no relacionadas con dinero móvil o con formularios de registro digitales (distribución de computadoras portátiles en Perú).

Los programas que fueron digitalizados antes de la pandemia tuvieron un papel importante en la respuesta a la crisis ya que permitieron adaptaciones para mantener la entrega de los servicios, como es el caso del Programa de Aquisição de Alimentos—PAA de Brasil, o para ampliar la cobertura horizontal en las áreas rurales, como el Bono Rural de Perú, o para agregar nuevos componentes para reconstruir mejor, como en el caso de Supérate, que se originó en los programas Quédate en Casa y PROSOLI de República Dominicana. Por lo tanto, estos programas fueron analizados como buenas prácticas en ALC.

El PAA de Brasil, dentro del marco de la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB), compra alimentos a familias agricultoras y los distribuye a los que viven en situación de inseguridad alimentaria. La digitalización de su sistema operacional comenzó antes de la pandemia, introduciendo una aplicación que no requiere conexión para solicitar y monitorear los beneficios. El acceso a internet fue sólo necesario para descargar o cargar la aplicación. Esta plataforma PAANet redujo con éxito el plazo de pago de 20 a 3 días. Durante la pandemia, los agricultores pudieron continuar vendiendo sus productos de manera digital y los aspectos burocráticos fueron simplificados, como por ejemplo permitiendo enviar los documentos por correo electrónico en vez de correo simple. Los entrevistados estiman que posiblemente los cambios sean adoptados de manera permanente. Sin embargo, las brechas en la cobertura del programa subsisten, debido a la exclusión de las áreas remotas en cuanto a la infraestructura y a la falta de alfabetización digital.

El programa Quédate en Casa de República Dominicana fue implementado al comienzo de la pandemia de COVID-19 y extendió las transferencias en efectivo a las familias vulnerables. Éstas fueron seleccionadas del registro social SIUBEN, y el dinero fue transferido a un sistema de tarjeta beneficiaria digital ya existente o mediante la cédula de identidad nacional. Los instrumentos digitales a destacar introducidos a través del nuevo Supérate son: un chatbot que permite a los beneficiarios solicitar información sobre su elegibilidad y valor crediticio, facilitando la comunicación con la población; una plataforma eCommerce (comercio electrónico) que respalda la inclusión económica de los pequeños agricultores; medidas de creación de capacidades para ayudar a la población rural a adquirir conocimientos digitales; y un proyecto piloto de código QR que facilita principalmente la entrega de beneficios en el ámbito urbano y la recopilación de datos.

El programa Bono Rural de Perú, dirigido a las personas pobres de las áreas rurales, formó parte de un paquete de cuatro transferencias en efectivo de emergencia otorgadas por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Los beneficiarios fueron aquellos clasificados como elegibles en el registro SISFOH. Las familias recibieron transferencias, principalmente digitales, a través de cuentas bancarias, banca móvil o transferencias de dinero. Perú atendió sus disparidades geográficas en el proceso de la digitalización de la protección social a través de los tambos, en los cuales se ofrece acceso a internet a las comunidades rurales; las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS), que son embarcaciones conectadas a satélites que llevan los servicios estatales a las áreas remotas; y los carritos pagadores.

Todos los programas se apoyaron en registros digitales, sociales y civiles preexistentes. Esta infraestructura aumentó la respuesta a las crisis y permitió a los programas extender su cobertura y rápidamente identificar a los beneficiarios elegibles. En Brasil y República Dominicana, las asociaciones de agricultores y el amplio uso de herramientas como WhatsApp fueron considerados importantes para su implementación.

Sin embargo, los problemas de conexión y las imposibilidades de acceso siguen creando dificultades a las comunidades rurales pobres a la hora de acceder a la protección social, a pesar de las medidas de apoyo adoptadas. Por último, una consolidación fiscal prematura después de la respuesta fiscal contundente de la mayoría de los países de la región puede no asegurar el presupuesto necesario para ampliar la protección social a todos aquellos que la necesitan y para ampliar la infraestructura digital necesaria para no dejar a nadie atrás.

¿Cómo reconstruir mejor?

• Utilizando la digitalización para facilitar una implementación práctica de la protección social mediante el incremento de las oportunidades de pagos móviles, el otorgamiento de tarjetas de pago electrónicas, la digitalización de los sistemas de gestión de la información y la unificación de los registros en línea.
• Facilitando la inclusión productiva por medio de la reducción de las barreras burocráticas a la banca y a la comunicación, la reducción de las brechas de la infraestructura digital y el establecimiento de plataformas de comercio electrónico.
• Promoviendo la digitalización en las áreas rurales mediante un mayor acceso a los servicios digitales o adaptando los instrumentos actuales, tomando en cuenta las herramientas que no requieren conexión, utilizando los medios sociales para difundir la información, y capacitando a las poblaciones rurales en materia de alfabetización digital de modo de permitir a las comunidades acceder a la tecnología de manera independiente.

Referencia:

Burattini, Beatriz et al. 2022. Social protection response to COVID-19 in rural LAC: The potential of digitalisation to build back better. Policy Research Brief N° 84. Brasilia: Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG).