Medidas frente al coronavirus en Centroamérica: una carrera de fondo

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Economic growth
Financial crisis
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Macroeconomics - Economic growth - Monetary Policy

Los gobiernos de todo el mundo se vuelcan hoy en la tarea de desacelerar la propagación del Covid-19, proteger a la población más vulnerable y buscar alternativas para mitigar su impacto económico. El fortalecimiento de los sistemas de salud, la protección social de aquellos que enfrentan una caída de ingresos y proteger el tejido empresarial, en especial a la micro, pequeña y mediana empresa, forman parte de esta primera fase de la emergencia.

Y, dado que el choque del Covid-19 es temporal, es importante que la respuesta de política fiscal también lo sea, además de proporcional a la capacidad de cada país. Esto implica llevar a cabo un fondeo previo que evite poner en peligro la sostenibilidad fiscal de largo plazo, así como ser selectivo con los beneficiarios de las medidas, de modo que se dirijan a los más desprotegidos, tanto desde un punto de vista social como del tejido productivo.   

En el caso del Istmo Centroamericano y República Dominicana, los países implementan ya toda una batería de medidas para enfrentar la crisis. Las primeras que se han tomado promueven el distanciamiento social: teletrabajo, controles migratorios y cierres de fronteras, suspensión de curso lectivo y eventos masivos; también restricción de movilidad de personas, desde la limitación de circulación de automóviles en Costa Rica, hasta la cuarentena total, en Panamá y Honduras, pasando por toques de queda en Guatemala y El Salvador.

Al mismo tiempo, se han anunciado otras medidas sanitarias que pretenden fortalecer el sistema de salud para poder enfrentar un posible influjo de contagios. Por ejemplo, muchos países han dado a conocer la construcción de hospitales nuevos o temporales (República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Panamá) y en casi todos se ha ampliado la cobertura del seguro social para que se trate a los afectados por Covid-19.

Por otro lado, los países han propuesto medidas de protección social para enfrentar la pérdida de ingresos de la población. En algunos (Costa Rica, El Salvador y Guatemala) se han postergado los pagos de servicios públicos como la electricidad, o se han suspendido los cortes de agua o desalojos por falta de pago de renta o hipoteca. También se ha propuesto el fortalecimiento de programas de transferencias condicionadas y, en algunos casos, de las no condicionadas, así como la ampliación de la red de protección social, como las pensiones no contributivas. Todas estas medidas van en la dirección correcta, aunque surge el reto de encontrar financiamiento.

Además de medidas de gasto público, también se están tomando medidas de ingresos. En muchos casos se ha dado flexibilidad para el pago de impuestos, como moratorias por algunos meses en renta e IVA o postergado la presentación de la declaración de renta. De nuevo, son medidas en la dirección correcta, siempre que se apliquen de forma selectiva. Además, es importante tener en cuenta el flujo de caja de los ingresos fiscales, pues puede perderse mucha liquidez para el gobierno cuando más la necesita para llevar a cabo otras medidas. Por eso, es importante, entre otras razones, el fondeo adecuado.

Por su parte, los bancos centrales han relajado la política monetaria y financiera. Casi todos han reducido su tasa de política monetaria, con el fin de bajar las de interés en la economía y promover la reactivación económica. En paralelo, las medidas de postergar pagos de cuotas de préstamos e hipotecas deben ser complementadas con una relajación de las exigencias patrimoniales y de liquidez de los prestamistas.

Finalmente, es importante que las decisiones que se están tomando en el corto plazo se complementen, en una segunda etapa, con acciones de reactivación económica y se garantice la sostenibilidad de políticas públicas en el mediano plazo. Debemos ser conscientes de que las medidas que hoy estamos viendo van a tener un costo inmenso. Hoy existen diversas fuentes para financiarlas, pero los gobiernos deben trabajar en su estrategia para ser capaz, rápidamente, de revertir esta expansión fiscal, con la visión de llegar en el mediano plazo a una situación en la que la deuda pública alcance niveles sostenibles.


Nota: Jordi Prat y Carlos Garcimartín son, respectivamente, economistas del Departamento de Países de Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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