Una guerra de desgaste con toma de rehenes

En la actualidad, Venezuela atraviesa una de las crisis económicas más agudas de su historia reciente, luego de haber disfrutado por casi una década de ingresos extraordinarios por el orden de 300% de su PIB, superando el promedio Latinoamericano de 120%, producto de los grandes ingresos petroleros de 773.557 millones de dólares que recibió en este período. A pesar de esta bonanza, el país suramericano cerró el año 2014 con una tasa de crecimiento de – 3%, una inflación de 64%, la más elevada del mundo, y un índice de escasez del 29,4% para marzo del mismo año, indicadores que le valieron el nada honroso calificativo como la peor economía del mundo, según el Índice de Miseria del Instituto Cato.

Un pésimo manejo de los recursos del Estado, expresado en un elevado déficit fiscal del 14,7% del PIB y una política plagada de controles. Siendo el más emblemático, el control de cambios que ha dado lugar a tres tasas oficiales y a un mercado negro cuyo precio excede al del mercado oficial en 44,10, 23,15 y 1,4 veces respectivamente. Es el contexto para una crisis que se agrava, a partir del año 2014, con la abrupta caída de los precios del petróleo, producto del que dependen el 96,4% de los ingresos venezolanos por exportaciones.

Ante esta situación, y siguiendo la lógica presentada por Rodrik (2011), se esperaría que el gobierno venezolano, enfocándose en las que se consideran las fuentes de mayor distorsión de la economía, hubiese emprendido un programa de ajuste, que entre sus medidas más relevantes incluiría la unificación del tipo de cambio y el inicio de un proceso gradual para la liberalización de este mercado. Que adicionalmente ha sido aprovechado por empresarios y funcionarios inescrupulosos para defraudar al Estado, desviando solo en el año 2012 alrededor de 22.000 millones de dólares, según cifras no oficiales, a fines distintos a la importación de bienes.

A pesar de que luce inevitable, el gobierno ha venido sistemáticamente retrasando esta medida, implementando alternativas que más que resolver el problema cambiario han venido a agravarlo, incrementando los costos que la sociedad en general, y en particular los más pobres, han tenido que asumir por los altos niveles inflacionarios y de escasez de productos básicos.

La situación venezolana se asemeja a lo que en la literatura se conoce como el retraso del ajuste por causa de una guerra de desgaste, Alesina y Drazen (1991) y Martinelli y Escorza (2005), con el agravante de que el alto nivel de capital social negativo ha complicado, a pesar de que aparentemente la sociedad entiende la necesidad de desmontar el control cambiario, la resolución del conflicto.

Un bajo nivel de confianza generalizada

El concepto de capital social negativo o perverso hace referencia a todas aquellas redes sociales aisladas o circunscritas a determinada comunidad o grupo y que son contrarias al interés colectivo (Rubio, 1997). La presencia de este tipo de capital está directamente relacionada con los índices de corrupción (Pena y Sánchez, 2009) e inversamente con la presencia de capital social positivo o redes de confianza generalizada en la sociedad (Bjornskov, 2004).

Para el año 2014 Venezuela ocupó el puesto 161 en el ranking mundial de percepción de la corrupción de la organización Transparencia Internacional, que mide cuán corrupto es percibido el sector público de determinado país, ubicándose entre los 12 países considerados como los más corruptos del mundo, siendo además el primero entre los latinoamericanos. Según Pena y Sánchez (2008), existe una correlación positiva entre el capital social negativo y la corrupción, medida por este índice, lo que permitiría inferir el alto grado en que este tipo de capital se encuentra presente en la economía venezolana.

El control de cambio venezolano, además de ser el responsable de la distorsión de los precios en esta economía, es la fuente de un claro ejemplo de cómo pequeños grupos o redes sociales con acceso a los tomadores de decisiones, actúan en función de sus intereses particulares y en contra del bienestar colectivo. Las altas tasas de retorno que se obtienen de recibir divisas preferenciales para la importación y destinarlas a actividades especulativas en el mercado negro o paralelo, se han convertido en un poderoso incentivo para la corrupción.

La suspensión del mercado libre de divisas, que impera en Venezuela desde el año 2003 bajo la justificación de detener la fuga de capitales producto de un ataque especulativo como el que según Stiglitz (2002) y otros autores se produjo en Tailandia en 1997, ha dado origen, entre otros, a un fenómeno conocido como “las empresas fantasmas o de maletín” grupos de organizaciones ficticias, que en coordinación con funcionarios corruptos, solo en el año 2012 defraudaron al Estado venezolano por un monto en el orden de los 22.000 millones de dólares, según cifras no oficiales, lo que representaría el 39,14% de las divisas entregadas al sector público y privado por el Banco Central de Venezuela en ese año.

El alto nivel de capital social negativo presente en Venezuela se confirma con el bajo porcentaje de confianza generalizada existente en este país. Según el World Value Survey en su medición del año 2000, última que incluyó al país suramericano, el capital social positivo en Venezuela se encontraba en el orden de 15,9%, superando el promedio regional de 15,8%, pero, muy por debajo, por ejemplo, del promedio de la Unión Europea cuya confianza generalizada se ubicó en un 46,1% para el mismo período de medición.

¿Una guerra económica o de desgaste?

El retraso en la aplicación de medidas de ajuste macroeconómico para hacer frente a una crisis fue modelado por Alesina y Drazen (1991) como la consecuencia de una “Guerra de Desgaste”. En esta, los grupos políticos en pugna a pesar de que son afectados por la inflación y el resto de los costos asociados a la espera, tienen incentivos para resistir hasta que la contraparte ceda y asuma una carga desproporcionada del costo de la reforma.

Esta conducta está fundamentada en las diferencias distributivas de los planes de ajuste, que al ser más marcadas exacerban el conflicto, y en el desconocimiento que tiene cada uno de los actores sobre la capacidad de sus rivales para hacer frente a los costos del retraso, asumiendo que ex – ante todos los grupos son idénticos en lo referente a cómo son impactados por la inflación.

En su revisión a este modelo Martinelli y Escorza (2005) consideran muy restrictivo el supuesto de la simetría ex – ante ya que:

“En general los representantes de los grupos políticos rivales no están esperando ser igualmente afectados por las distorsiones pre-estabilización. Pues en realidad la inflación es considerada un impuesto regresivo”.

Estos autores llegan a la conclusión de que en la medida que los costos del retraso se asuman asimétricos desde el inicio, y las consecuencias distributivas de la reforma no sean muy divergentes, este se reducirá ante la probabilidad de una menor conflictividad. Por otra parte, una mayor divergencia en la distribución de los costos del ajuste podría llevar a una menor conflictividad, pero, a un mayor retraso.

La crisis económica venezolana se profundiza a partir del año 2014 con la caída de los precios del petróleo. Desde el último trimestre del año 2012 el PIB comienza a caer, según cifras del Banco Central de Venezuela, cerrando en el año 2014 con un descenso de -3% y dejando atrás las tasas de crecimiento positivo que disfrutó el país durante buena parte de la primera década del siglo XXI.

A esta caída de la actividad económica, causada en parte por la merma del ingreso petrolero, se suma una alta inflación que en el año 2014 se ubicó en 64%, estimulada por los bajos niveles de producción y por el control de cambio, un gasto del gobierno en el orden del 43% del PIB, una deuda gubernamental del 46% del PIB y una tasa de escasez que para marzo de ese año rondaba el 29,4%.

Aunque se hace evidente la necesidad de, tarde o temprano, aplicar un plan de ajuste que permita reactivar la actividad económica y reducir la inflación y la escasez, racionalizando el gasto del Estado y aplicando políticas monetarias y cambiarias en este sentido, el gobierno venezolano ha evadido la reforma, escudado en la existencia de una supuesta “guerra económica” orquestada por los sectores de oposición, en función de desestabilizar al régimen imperante.

Siguiendo a Rodrik (2011) el ajuste debería estar enfocado en lo que este autor llama las restricciones limitantes, aquellas consideradas las fuentes de las mayores distorsiones de la economía, con la finalidad de “convertir centavos de reforma en pesos de resultados”. En Venezuela una de estas restricciones limitantes es sin lugar a duda el control de cambio, el cual ha dado origen a un mercado negro cuya cotización ha sido utilizada de manera generalizada como marcador de precios.

La convicción del gobierno, y de la sociedad en general, en cuanto a la necesidad de flexibilizar el control de cambio es tal, que en los últimos dos años se han implementado algunos mecanismos que han tratado, sin éxito, de alcanzar este fin. Al enfrentarse a una demanda de divisas que parece ser infinita con una oferta cada vez más escasa.

Pareciera entonces que si el gobierno venezolano quiere realmente corregir las distorsiones ocasionadas por el control de cambio, no le queda otra alternativa que emprender la unificación de las 3 tasas existentes y comenzar un proceso de liberalización de este mercado. Cabe preguntarse entonces ¿por qué, si existe un aparente entendimiento de las distorsiones ocasionadas por el control cambiario y de la necesidad de liberalizarlo, esta reforma no es finalmente emprendida?

Venezuela: una guerra de desgaste con toma de rehenes

La situación que vive Venezuela en cuanto a la aplicación de un plan de reformas generales que le permita salir de la crisis, se enmarca en la dinámica de una guerra de desgaste, con costos de espera asimétricos evidenciados en una alta inflación y escasez que afecta en una mayor medida a las personas con menores ingresos.

La alta polarización existente en el país hace que los costos de la reforma sean altamente divergentes, por lo que aunque se conoce la asimetría de los costos del retraso, se puede esperar que este sea muy largo, en el sentido de Martinelli y Escorza (2005).

En el caso particular de la reforma del sistema cambiario el escenario se complica añadiendo la variable del capital social negativo. A pesar de que el gobierno venezolano asomó durante el año 2014 la posibilidad de unificar la tasa de cambio y comenzar el proceso de liberalización, esta medida fue descartada y sustituida por los sistemas alternativos SICAD y SIMADI, que no han tenido éxito en la solución de las distorsiones generadas por este mercado.

Las oportunidades de arbitraje producto del control de cambio han sido y siguen siendo aprovechadas por grupos de poder, que valiéndose en muchos casos de mecanismos fraudulentos, han penetrado el sistema y capturado a las instituciones encargadas de la toma de decisiones. Levantar la restricción significaría un alto costo para estos grupos quienes hacen lo posible para bloquear la reforma, imponiendo un alto costo inflacionario al resto de la sociedad.

El alto nivel de capital social negativo evidenciado en los altos niveles de corrupción, hacen que la guerra de desgaste que enfrenta Venezuela en post de la reforma del sistema cambiario se caracterice por la toma de quienes están encargados de decidir en esta materia como rehenes de los grupos de interés, que utilizan el control para obtener beneficios en detrimento de la sociedad en general.

Conclusiones

La profundización de la crisis económica que enfrenta Venezuela en la actualidad y el retraso en la aplicación de un plan de ajuste, a todas luces inevitable, que permita corregir las distorsiones, pone de manifiesto la importancia que tiene para las sociedades en general y para Venezuela en particular el incentivar y fortalecer el capital social positivo o redes de confianza generalizada. Que permitan disminuir la influencia de los pequeños grupos sobre los tomadores de decisiones, incrementando la capacidad de la mayoría de la sociedad para promover medidas que vayan en función de su bienestar.

Un alto nivel de capital social positivo asociado a una baja polarización, permitiría a la sociedad alcanzar acuerdos más rápidos en torno a los programas o planes de reformas para afrontar la crisis, disminuyendo de esta manera los costos sociales asociados a la inflación y otras distorsiones.

Finalmente las redes de confianza generalizada podrían evitar, utilizando su poder contralor sobre las autoridades electas, que se generalice la corrupción y el uso inescrupuloso de los fondos públicos.

Reference:
Alesina, A y Drazen, A. (1991). Why are stabilizations delayed? American Economic Review 81(5): 1170-1188

Bjornskov, C. (2004). Corruption and social capital, Working Paper 03-13. Aarhus School of Business, Department of Economics.

Martinelli, C. y Escorza, R. (2005). When are stabilizations delayed? Alesina-Drazen revisited. European Economic Review 51(5): 1223-1245

Pena, J. y Sánchez, J. (2009). La dotación de capital social como factor determinante de la corrupción. Revista de Economía Mundial, (22) 197-219. Recovered from http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86611893010

Rodrik, D. (2011). Una Economía Muchas Recetas, La Globalización, Las Instituciones y el Crecimiento Económico. México D.F: Fondo de Cultura Económica.

Rubio, M. (1997). Los costos de la violencia en Colombia. Working paper. Centro de estudios sobre Desarrollo Económico, Universidad de los Andes.

Stiglitz, J. (2002). El malestar de la globalización. Madrid: Editorial Taurus