La corrupción y la ineficiencia de la burocracia estatal son dos de los factores más problemáticos para hacer negocios en los países latinoamericanos. Los gobiernos no cuentan con una estrategia para resolver estos problemas, cuya solución sacrifican a menudo para atender compromisos políticos y evitar el enfrentamiento con los beneficiados por estas prácticas.

No debería ser así. Atacar la corrupción y la ineficiencia estatal no cuesta dinero. Al contrario, puede ser fuente de ahorros, tanto para el gobierno como para el sector privado. E incluso pueden lograrse buenos rendimientos políticos, aunque por supuesto no entre los empresarios y políticos corruptos, ni entre los burócratas anquilosados.

La esencia de una estrategia en materia de eficiencia estatal consiste en simplificar la regulación y los trámites usando criterios de costo-beneficio y teniendo en cuenta el comportamiento normal de los individuos. Ése es el mensaje central de Cass Sustein en su libro Simpler: The Future of Government (Más Sencillo: el Futuro del Gobierno), después de tres años a cargo de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios en el gobierno de Obama en Estados Unidos.

Sustein tiene la autoridad intelectual y moral, y la experiencia práctica para ser fuente de inspiración en estos temas. Su especialidad es derecho regulatorio y es coautor, junto con el economista Richard Thaler, del best-seller titulado Nudge (empujón), un entretenido libro que muestra que las normas y regulaciones más efectivas son las que tienen en cuenta que el ser humano no es el “homo economicus” de los textos de economía sino el “homo sapiens” de carne y hueso, que es fácilmente manipulable, que es perezoso mentalmente y que, como resultado, a menudo toma decisiones contrarias a su propio bienestar.

Las regulaciones tienden a multiplicarse como las cabezas de la hidra en respuesta a las presiones y demandas que suele recibir el gobierno de parte de quienes se sienten perjudicados por las normas existentes o de quienes creen que pueden obtener beneficios de la regulación. El oficio del buen regulador no consiste en atender estos pedidos, sino en cuestionar si las normas existentes o propuestas generan más beneficios que costos para la sociedad en su conjunto. No puede haber buena regulación sin análisis de costo-beneficio, una práctica casi totalmente inexistente en el sector público colombiano.

Tampoco puede haber buena regulación cuando las normas se expiden bajo el supuesto de que los ciudadanos como consumidores o como empresarios honestos están en capacidad de maniobrar el laberinto burocrático y defenderse de las argucias de los funcionarios que dificultan conseguir un permiso o un contrato con el Estado.

Es igualmente contraproducente suponer que el individuo común puede decidir correctamente qué servicio telefónico comprar, qué tarjeta de crédito le conviene más o a qué plan de jubilación debe afiliarse. En estas materias, el rol de una agencia de control de la regulación es asegurar que las opciones que ofrecen las grandes empresas a sus usuarios sean sencillas, muestren explícitamente todos los costos, y ofrezcan un número limitado de opciones, empezando por una opción básica para quienes no tienen la paciencia o el tiempo para considerar todas las opciones.

El éxito de Apple con el iPod, el iPad y el iPhone ha consistido en defender al consumidor desinformado de las complicaciones técnicas y de diseño y del exceso de diversidad que impedían la expansión del mercado de productos electrónicos. Los gobiernos latinoamericanos podrían tratar de pensar más de esa manera.

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