La ortodoxia económica sigue tan campante, no así los experimentos heterodoxos

Los noventa fueron un período de grandes reformas económicas. Acorralados por la inflación, la escasez de divisas y el bajo crecimiento, todos los países latinoamericanos adoptaron entonces las políticas de estabilidad macro y de reforma estructural recomendadas por el Consenso de Washington, sinónimo para muchos del vilipendiado “neoliberalismo”. 

Al estallar las crisis asiática y rusa (1997 y 1998), con sus repercusiones negativas sobre el crecimiento y la estabilidad macroeconómica, las sociedades latinoamericanas cayeron en una verdadera fatiga de reformas y los preceptos del Consenso se volvieron objeto de diversos cuestionamientos. Varios gobiernos, con Venezuela a la cabeza, declararon su oposición a dichos preceptos, y se temió que las reformas dieran marcha atrás en toda la región. Pero no resultó así. Casi tres lustros después puede decirse con toda confianza que el Consenso de Washington sigue vivito y coleando, aunque sea una “marca dañada” (para usar la expresión de Moisés Naím), y aunque las reformas hayan perdido su impulso inicial. 

Las bases de la estabilidad macro según el Consenso de Washington eran la disciplina fiscal para limitar el endeudamiento público y el control monetario para evitar la inflación. Ambas cosas se han logrado en casi todos los países, al punto de que en la crisis de 2008-9 muchos pudieron usar por primera vez las políticas fiscales y monetarias en forma contracíclica (ya que los gobiernos tenían espacio para endeudarse y los bancos centrales contaban con credibilidad para expandir la oferta monetaria sin generar temores de inflación). 

Solo en Argentina y Venezuela hay serios indicios de indisciplina fiscal y de descontrol monetario, cuya manifestación más evidente es el financiamiento del déficit fiscal mediante emisión monetaria, con las consecuentes presiones de aumento de precios y de devaluación acelerada de la moneda. 

En materia de reformas estructurales, las recomendaciones de la ortodoxia económica eran abrir la economía al comercio internacional, privatizar las empresas públicas, desmontar las medidas de represión financiera y simplificar los regímenes tributarios. El ímpetu de todas estas reformas se debilitó a fines de los noventas, pero no hubo marcha atrás, excepto nuevamente en Argentina y Venezuela. Aunque Brasil, Bolivia y Ecuador han tenido algunos reveses, ha sido más para complacer superficialmente a los electorados que para cambiar el modelo. Como el resto de la región, incluso estos tres países han continuando abriendo espacio al sector privado (especialmente en los sectores de infraestructura), y han tenido avances modestos en las demás áreas de reforma estructural. 

Así lo refleja el “índice de reformas estructurales”, que calculé originalmente en los noventa y que acabo de actualizar en un trabajo publicado por el BID. En 1985 el índice era apenas 0,39 (en una escala de 0 a 1), implicando que había un gran margen para hacer reformas pro mercado. A fines de los noventa había llegado a 0,6 y en la actualidad está en 0,66. Aunque casi todos los países han reformado en forma más lenta desde fines de los noventa, sólo Argentina y Venezuela han regresado francamente a la heterodoxia. Son los únicos países que han impuesto límites a las operaciones cambiarias (con la consecuente aparición de mercados paralelos), han establecido severas restricciones administrativas a las importaciones, han acudido a controles de precios y se han embarcado en una estrategia de nacionalizaciones y enfrentamientos con el sector privado. 

La región está ahora partida en dos, pero el Consenso de Washington luce mucho más sostenible que la nueva oleada de experimentos heterodoxos. Como lo ha demostrado la historia repetidas veces, esos experimentos no suelen ser duraderos.