De la Leyenda del Dorado, a la Cocaína Dorada

Keyword: 
Crime and violence
Topic: 
Conflict, Crime and Violence
Macroeconomics - Economic growth - Monetary Policy

Su codiciada posesión empezó como una leyenda en el siglo XVI, pero solo un siglo después se tornaría en total frustración para quienes esperaban encontrar el reino de oro en Las Américas. Mientras que los soñadores europeos se frustraron con sus desmedidas ambiciones, hoy se dispone de clara evidencia de que dos siglos después, muchos colombianos, y seguramente muchos ciudadanos de otros países de la región, encontrarían en el preciado mineral el motor de sus fortunas, y de sus regiones. Entre los antioqueños, por ejemplo, los doce hombres con mayores ingresos con base en la información catastral de la década de 1850, tenían aproximadamente el 15 por ciento de todos los ingresos registrados en catastro, y 10 de ellos fundaron sus fortunas en gran parte mediante la explotación o comercialización del oro. La magnitud de lo acumulado no era poca: a la muerte de Vicente Benedicto Villa Gómez a finales del siglo XIX, sexto en la mencionada lista, se dice que su fortuna ascendía a $730,000 pesos, una cifra nada despreciable si se tiene en cuenta que a la tasa de cambio de comienzos del siglo XX la suma equivalía a cerca de 600.000 dólares, y que solo 30 años antes, John Davidson Rockefeller, el hombre más rico de la historia, fundó la compañía petrolera Standard Oil con un millón de dólares.

El oro representó a comienzos del siglo XX alrededor del 20 por ciento de las exportaciones del país, y claramente contribuyó al desarrollo de su industria y comercio. Esa contribución al parecer se dio más mediante la acumulación de riqueza privada y su posterior inversión, que a través de ingresos fiscales que mejoraran la provisión de bienes públicos. A comienzos del siglo XIX, Luis Ospina Vásquez reporta cómo a pesar de que el oro era el principal rubro de exportación, mientras que los ingresos por cuenta de tabaco y aguardiente a las rentas de la Nueva Granada representaban el 30 por ciento del total, los impuestos a minerales eran irrisorios. Actualmente, se cuenta con niveles más aceptables de contribución. La contribución del sector minero a los ingresos corrientes de la Nación fue del orden del 3 por ciento en 2006. Esa contribución se ve representada principalmente por los aportes de la minería formal, de la cual, la minería a gran escala aporta alrededor de apenas un 15 por ciento de la producción de oro en 2012. Buena parte del resto de la producción registra contribuciones muy inferiores, basadas principalmente en las regalías, las cuales representan menos de la mitad del impuesto de renta que paga el sector minero, fundamentalmente su sector formal.

Pero no solo la alta informalización e ilegalidad del sector priva al sector público de rentas necesarias para el desarrollo del país, sino que en buena parte alimenta las arcas del crimen organizado. La magnitud del desvío de recursos al crimen organizado no debe ser despreciable si se tiene en cuenta que el año pasado en Colombia se produjeron 55 toneladas del mineral, que a USD 1,600 la onza, tendrían un valor total de más de 2.800 millones de dólares, en su mayor parte explotados por la minería informal. La cifra es muy superior a los $4 billones que un estudio reciente de Mejía y Rico estiman que vale la totalidad de la cocaína producida en un año en Colombia antes de ser exportada. Dada la internacionalización del narcotráfico, sería de esperarse que el crimen organizado se esté igualmente lucrando de la explotación del oro en varios países de la Latinoamérica.

Si en los países andinos se han adelantado tantas medidas en la lucha contra el narcotráfico, a la luz de estas cifras se hace claro que en Colombia, y probablemente en otros países de la región, se está en mora de adelantar medidas comparables para formalizar el sector minero en un marco en el cual haya respeto por los derechos de propiedad, y los recursos no queden en manos del crimen organizado. Teniendo en cuenta que muchos de los mineros informales son personas honestas que han pasado buena parte de sus vidas trabajando en el sector, resulta un reto importante para el gobierno lograr impulsar el progreso del minero tradicional sin que en ese proceso se lucre el crimen organizado, y sin que las marchas y demás protestas que usualmente se gestan desde la ilegalidad, se constituyan en obstáculo para sacar adelante los cambios que necesita la minería. Este debería de ser otro tema en el cual el gobierno colombiano promueva un ‘desarme’ en el marco de las negociaciones actuales y futuras con el crimen organizado del país.


*Subgerente Regional de Estudios Económicos del Banco de la República. Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva de su autor y sus contenidos no necesariamente reflejan los puntos de vista del Banco de la República o de su Junta Directiva.

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