“No somos ni seremos Venezuela” es uno de los slogans que utilizan los promotores de lo que se espera será una multitudinaria protesta social programada no sólo en Argentina sino también enfrente de varias embajadas de Argentina alrededor del mundo para el día 8 de Noviembre. 

En esta nota, nuestro argumento es sencillo. Este tipo de protestas están siendo programadas y probablemente sean muy populares porque Argentina ha tenido un comportamiento, en algunos indicadores, más similar al de Venezuela que al de otros países de la región.

Como mencionábamos en una nota anterior (ver “Ruidos de cacerolas”), las razones por las cuales la gente protesta son variados. De acuerdo a dos estudios relativamente recientes, la percepción de corrupción es una de las variables que explica en parte la propensión individual a protestar; y el grado de institucionalización del sector público, dado, por ejemplo, por la capacidad del Congreso o el grado de independencia de la Justicia, permite explicar por qué en algunos países los individuos son más proclives a lanzarse a la calle con sus cacerolas que en otros (Machado, Scartascini y Tommasi 2011). Asimismo, la desconfianza en el funcionamiento de las instituciones políticas puede llevar a una mayor presencia “en las calles” y menores inversiones en las instituciones del Estado –por ejemplo, protestar en las calles en lugar de expresar descontento a través de los representantes en el Congreso (Scartascini y Tommasi 2012).

¿Qué muestran los indicadores internacionales respecto de la evolución de Argentina y Venezuela en estas áreas? Tomando como base el año 2000, ambos países han empeorado en los indicadores de efectividad del gobierno (government effectiveness), imperio de la ley (rule of law), y control de la corrupción (control of corruption) del Banco Mundial, y se encuentran por debajo de la media de América Latina. Este comportamiento no es exclusivo a esos indicadores. Igual resultado se observa en otros para los que también hay información actualizada, tales como el desvío de recursos públicos (diversion of public goods) del World Economic Forum; independencia judicial (judicial independence), independencia de las cortes (impartial courts), integridad del sistema legal (integrity of the legal system) y sistema de protección de los derechos de propiedad (legal systems and property rights) del Fraser Institute; y libertad de corrupción (freedom from corruption) del Heritage Foundation.²  

Por supuesto, este breve resumen de indicadores no implica que estos países no hayan hecho avances importantes en otras áreas de política y que muchos de los ciudadanos no tengan un mejor estándar de vida del que tenían una década atrás. Sin embargo, además de los cambios en el bienestar o la situación económica, a la población parece importarle también cómo se consiguen dichas mejoras, cuál es la protección que les garantiza el sistema judicial y si existen algunos individuos que se benefician a expensas del resto o no.  Por lo tanto, es más probable que los ciudadanos expresen su descontento cuando dejan de creer en las instituciones y cuando perciben la existencia de mayor corrupción. Una vez que las primeras protestas ocurren, y si no existen cambios de políticas de relevancia, la probabilidad de nuevas y mayores protestas aumenta ya que los ciudadanos confían cada vez más que otros se sumarán a las mismas y se empiezan a interesar más en el contexto político.³  

Por lo tanto, como hemos indicado en otras oportunidades, aquellos gobiernos que prefieren no escuchar ruidos ensordecedores en las calles deberían invertir en incrementar la confianza de los ciudadanos en el Congreso y en la independencia de la Justicia (entre otras instituciones del Estado), y eliminar rápidamente cualquier vestigio de corrupción. Cuando eso ocurra, los ciudadanos de todas maneras expresarán su descontento si su situación económica se deteriora, pero lo harán más usualmente a través de sus representantes y no a través del golpe de cacerolas. Mientras tanto, son las semejanzas y no las diferencias con Venezuela las que probablemente hagan que la protesta sea multitudinaria.

¹Carlos Scartascini es Economista Principal del Banco Interamericano de Desarrollo (http://www.cscartascini.org). Mariano Tommasi es Profesor de la Universidad de San Andrés (http://faculty.udesa.edu.ar/tommasi/). Las opiniones son exclusivas de los autores y no deben ser atribuidas al Banco Interamericano de Desarrollo o a las autoridades que lo representan.

²Hemos elegido estas fuentes ya que son de acceso público y se actualizan anualmente.

³Las protestas de fines de Junio que motivaron una nota anterior fueron seguidas por otras aún más concurridas en el mes de Septiembre.

Machado, F., C. Scartascini y M. Tommasi, 2011. "Political Institutions and Street Protests in Latin America," Journal of Conflict Resolution 55(3): 340-365.

Una versión anterior, disponible online, puede consultarse en: http://www.iadb.org/en/research-and-data/publication-details,3169.html?pub_id=IDB-WP-110 

Scartascini, C. y M. Tommasi, 2012. “The Making of Policy: Institutionalized or Not?.” American Journal of Political Science. Volume 56, Issue 4, pages 787–801, October 2012. Disponible en: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-5907.2012.00591.x/abstract

Una versión anterior (y preliminar) puede consultarse en: http://www.iadb.org/en/research-and-data/publication-details,3169.html?pub_id=IDB-WP-108 

Scartascini, C. y M. Tommasi, 2012. “Ruidos de cacerolas” FocoEconómico, 4 de Julio, 2012. Disponible en: http://focoeconomico.org/2012/07/04/ruidos-de-cacerolas/