Poder De Jure O Poder De Facto? La Forma en que Los Grupos Armados no Estatales Pueden Influenciar Resultados Electorales

Keyword: 
Politics
Topic: 
Politics and Economy

La existencia de comicios electorales en medio de conflictos armados es un fenómeno frecuente en países que cuentan con un sistema democrático débil (Hyde y Marinov, 2012). En un contexto así definido, es imprescindible para un grupo armado no estatal tener influencia sobre los resultados electorales. El principal mecanismo disponible para influir en un proceso electoral es la violencia, y en este sentido existe una gran cantidad evidencia empírica apoyando esta hipótesis.

Según Matanock y Staniland (2018), los grupos armados no estatales pueden usar estrategias violentes o no violentas para afectar los resultados electorales. Cuando deciden acudir a la violencia, estos grupos pueden i) atacar a la población civil para reducir el número de votantes, ii) atacar a los contrincantes políticos para evitar que participen en los comicios, o simplemente iii) pueden sabotear las elecciones para demostrar la ausencia del estado en zonas específicas de un país. Por lo general, la literatura sobre el conflicto armado, y en particular la literatura sobre elecciones y violencia asume que el nivel de violencia un grupo armado no estatal es directamente proporcional a la capacidad que tiene este para influir en el resultado final de elecciones democráticas. En este trabajo muestro  ese supuesto puede no ser el más adecuado.

Propongo definir el poder de un grupo armado no estatal a través de dos categorías: el poder de facto, y el poder de jure, siguiendo el argumento de Acemoglu et al. (2005). Según ellos, las instituciones son la causa fundamental en las diferencias del desempeño económico entre los países. Las instituciones económicas determinan los incentivos y las restricciones que enfrentan los agente económicos, lo que implica que existe un conflicto social sobre las decisiones que toma una sociedad. Al final, la distribución del poder político está determinado por las instituciones políticas y los recursos económicos. Las instituciones políticas asignan el poder político de jure, mientras que más recursos económicos garantizan el poder político de facto. El único poder político que puede afectar a las instituciones en el largo plazo es el poder político de jure. A continuación, evalúo mi argumento para el caso de Colombia. En concreto, el poder de facto se mide con el nivel de violencia un grupo armado ejerce sobre la población civil, mientras que el poder de jure se mide a través del control legal que hace el mismo grupo violento sobre un territorio. Según esta última definición, el poder de jure lo aproximo con el número de casos denunciados de tierra despojada o abandonada a nivel municipal.

En mi estudio: “De Facto Power Versus De Jure Power, and Electoral Influence by Non-State Armed Organizations: Evidence from Colombia”, analizo el efecto que tuvo el proceso de desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) sobre el poder de facto y poder de jure con el que este grupo contó mientras actuaba dentro del marco del conflicto armado colombiano. En particular, busqué comprobar si la desmovilización de las AUC tuvo un efecto sobre los resultados electorales de partidos políticos que se relacionaron con grupos paramilitares a nivel local en Colombia y, condicionado a la existencia de dicho efecto, ver si esa relación depende del poder de facto o del poder de jure de estos grupos.

El proceso de desarme de las AUC tuvo un efecto significativo sobre diferentes medidas de violencia a nivel municipal en Colombia. Los resultados muestran que desde el inicio del proceso de desarme total de las AUC (año 2003), hubo un descenso de 4.6 puntos porcentuales en la probabilidad de observar alguna denuncia por despojo o abandono de tierra a nivel municipal, en promedio. En términos intensivos, los resultados reportan un descenso de 4.85 casos de despojo o abandono de tierra en un municipio por cada 100.000 habitantes, en promedio. Este efecto es económicamente importante teniendo en cuenta que los municipios con presencia de grupos paramilitares antes de su desarme reportaron en promedio 9.45 casos de despojo o abandono de tierra por cada 100.000 habitantes. El proceso de desarme de las AUC también tuvo un efecto sobre la dinámica de violencia paramilitar. Después del año 2003, se dio un descenso, en promedio, de 2.33 ataques armados hechos por grupos paramilitares a nivel municipal. Hay que tener en cuenta que desde el año 2000, la violencia en Colombia venía de un proceso de desescalamiento. Es posible entonces que el proceso de desmovilización de las AUC haya profundizado aún más la reducción de la violencia. En general, los resultados parecen confirmar que el proceso de desarme de las AUC conllevó a un descenso del poder de facto y del poder de jure de los grupos paramilitares a nivel local en Colombia.

Respecto a los mecanismos detrás de estos resultados, la reducción de la violencia paramilitar y del despojo o abandono de tierras parece ser más evidente en municipios donde existía una élite local establecida. Definir una medida de presencia de élites locales no es fácil. Partiendo de esta restricción, utilizo un conjunto de medidas de actividades económicas que tradicionalmente han estado ligadas a los intereses de las élites en Colombia. Según estas medidas, las reducciones de violencia y despojos de tierras son más marcadas en municipios donde había presencia de cultivos de palma, ganadería, y minas de carbón, esmeralda, y oro. Las medidas de presencia estatal y presencia de cultivos de coca parecen no tener efectos significativos en las variables de interés.

Finalmente, evalué el efecto de la reducción de la violencia paramilitar y del despojo de tierras sobre el desempeño electoral de partidos políticos que han tenido candidatos ligados a los grupos paramilitares. Para esto, tuve en cuenta las elecciones de alcalde, concejales, diputados departamentales y gobernador, a nivel local, y elecciones a Cámara y Senado, a nivel nacional. Los resultados muestran que la violencia de facto en conjunción con el despojo de tierras (poder de jure), y no la violencia por sí sola, tienen efectos negativos sobre la proporción de votos a favor de partidos políticos que tuvieron candidatos que apoyaron a los grupos paramilitares después de la desmovilización de las AUC. Esto es cierto para todas elecciones locales. Desde el lado de las elecciones nacionales, la combinación de violencia y despojo sólo tuvo efectos sobre los resultados de elecciones de Cámara y no de Senado. Este resultado puede explicarse debido al hecho que las elecciones de Senado tienen una circunscripción a nivel nacional. Esto quiere decir que, dado el carácter local de la posesión sobre la tierra, el poder de jure sólo tiene un efecto sobre elecciones de circunscripciones locales o reducidas.

En conclusión, la dinámica de la violencia pareciera explicar únicamente una parte de las dinámicas electorales locales en Colombia; la violencia por sí sola no transfiere un poder de intervención sobre elecciones democráticas a los grupos armados no estatales en el marco de un conflicto armado. Existen otros factores que parecieran intervenir en la relación bidimensional entre violencia y participación política. En el caso particular de mi estudio, este factor adicional es el control efectivo (o legal) sobre un territorio por parte de los grupos armados no estatales.

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