Distorsiones en el Mercado Laboral: Eficiencia vs Equidad en el Caso Colombiano

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Recientemente tuvo lugar en Medellín el seminario Anif – Asofondos: Informalidad Laboral, Equidad y Seguridad Social. En el evento se reiteró que en Colombia conviven dos mercados laborales: el formal y el informal, una realidad no muy diferente a la de otros países latinoamericanos. En el mercado laboral formal colombiano, que absorbe a algo más del 40 por ciento de los ocupados, los asalariados reciben, además de su salario básico, prestaciones y contribuciones a la seguridad social, y a parafiscales, por aproximadamente un 70 por ciento de ese salario. En el informal, la mayoría no son asalariados, no tienen prestaciones pero sí ahorran en impuestos y trámites, cuentan con el mismo aseguramiento en salud que en el formal, no contribuyen al SENA, al ICBF o a las Cajas de Compensación, pero ellos y sus familias se benefician igualmente de los cursos del SENA y del ICBF, y cuentan con un portafolio amplio de subsidios del Estado. Adicionalmente, el gobierno anunció que está considerando la posibilidad de contribuir por ellos para que tengan un ahorro al momento de su retiro.

En el diálogo sostenido en el evento entre los propulsores de la eficiencia, que tenían como población de referencia el mercado laboral formal, y los propulsores de la equidad vía alguna forma de asistencialismo, que tenían en mente a su complemento, no había puentes aparentes entre una realidad y la otra, dejando en la audiencia cierto desconcierto por el aparente divorcio en las aproximaciones académicas respecto al mercado laboral colombiano.

Es cierto que el esquema actual es injusto y genera incentivos a profundizar la informalidad: los menos educados tienen más desempleo, requiriendo que los formales financien de su bolsillo más beneficios, lo cual aumenta la informalidad, haciendo del nuestro un sistema más injusto. Pero también es cierto que buena parte de los trabajadores informales no pueden esperar una generación para tener mejor educación y así poder llegar al sector formal de la economía: ¡ellos requieren del Estado hoy!

La desigualdad y la institucionalidad actual conspiran para mantener el status quo. Por un lado, una alta desigualdad en el acceso a la educación superior: solo uno de cada cinco jóvenes colombianos entre los 18 y los 24 años asiste a educación superior, otro podría asistir pero no accede, y los otros tres no han culminado su educación media. Por supuesto, lo primeros pertenecen a los estratos más altos, y viceversa. De otra parte, el salario mínimo y los impuestos a la nómina mueven a los trabajadores a inmunizarse frente a ellos en el sector informal, y tendrían en Colombia efectos similares a los reportados por Heckman y Pagés para algunos países de Latinoamérica y el Caribe: una disminución en las tasas de empleo y un incremento en la informalidad de los jóvenes y de los menos educados, la población que estas políticas buscan beneficiar.

El salario mínimo registra niveles muy altos en Colombia: como porcentaje del PIB per cápita, fue en promedio alrededor del 60 por ciento en la década del 2000, mientras que fue de menos del 40 por ciento en Chile, Brasil y México. Adicionalmente, en Colombia es difícil vincular los impuestos a la nómina a sus beneficios porque se requiere de niveles importantes de progresividad del sector formal hacia el informal, de manera que a los informales se les pueda financiar los mismos beneficios, lo cual desalienta la contribución. Adriana Camacho provee evidencia de que el aseguramiento en salud a los pobres, aun en el momento en que consistía en un POS más reducido, habría incrementado la informalidad en cerca de un 4 por ciento.

Las fórmulas para procurar aumentar la formalidad del mercado laboral han sido recitadas por muchos economistas laborales de la región, y más recientemente, para el caso Colombiano, por el Nobel de Economía, Christopher Pissarides, en su presentación en el Foro Mundial, Empleo y Prosperidad, organizado por Colsubsidio y Acoset este año. Entre las recetas se incluye, en cuanto al salario mínimo, reglamentar uno  inferior para jóvenes menores de 25 años (y otro aún menor para los menores de 18) y considerar algo similar con base en el nivel educativo. Hacer el cambio gradual, ajustando al comienzo el mínimo únicamente con inflación hasta alcanzar un nivel en relación con el ingreso mediano similar al de otros países. Con respecto a los impuestos a la nómina, la sugerencia más recurrente ha sido sustituirlos con impuestos al consumo mediante incrementos al impuesto al valor agregado, IVA. No obstante, el congreso se ha mostrado en forma reiterada muy renuente a incrementar el IVA con el argumento de que no se deben incrementar los costos de los productos básicos a las familias más pobres.

El caso particular de los parafiscales merece mención especial. En lo relativo al SENA, menos de la mitad de los asistentes son formales y solo un 15 por ciento de los formales que asisten van al Sena, por lo cual se esperaría que los trabajadores que contribuyen no estén capitalizando el beneficio, siendo aconsejable financiar este rubro con otros recursos. La misma lógica aplica para el ICBF, sus beneficiarios son en gran mayoría de estratos bajos que no contribuyen. En el caso de las Cajas, los beneficios quedan entre quienes contribuyen, con un importante subsidio cruzado de quienes ganan más a quienes ganan menos, lo cual es deseable. No obstante, su análisis merece capítulo aparte por las complejidades que encierran los múltiples servicios que ofrecen.

Estas medidas serían necesarias mientras el país hace la transición hacia una población más educada que permita un mercado laboral más formal. En el corto plazo, la economía política del problema tendrá en un lado a los no educados y sus defensores, que propenderán por mantener la institucionalidad asistencialista actual; y del otro lado, los resultados que del entorno de competitividad internacional se deriven, seguramente moverán al sector privado a propender por una mayor eficiencia en el mercado laboral.


*Subgerente Regional de Estudios Económicos del Banco de la República. Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva de su autor y sus contenidos no necesariamente reflejan los puntos de vista del Banco de la República o de su Junta Directiva.


 
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